Magistrado especialista en la Jurisdicción Social en el Juzgado de lo Social N.º 10 de Las Palmas de Gran Canaria.

Ha dedicado su carrera a la profundización y aplicación del Derecho en diversos ámbitos a través de una constante formación y ejercicio jurídico. Su preparación abarca desde la superación de las oposiciones a judicaturas en 2010 hasta la obtención de másteres en Mercados Financieros y Blockchain, Smart Contracts y Criptoeconomía, así como postgrados en Derecho e Innovación por la Universidad Nacional de Tucumán, incluyendo una vasta formación técnica en ciencias de la computación y tecnologías de la información en instituciones como la Universidad de Alcalá de Henares y el Georgia Institute of Technology (edX, GTx).

A lo largo de su trayectoria profesional ha impartido docencia en Historia del Derecho y Cultura Europea en España, en la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) y ha desempeñado roles como vocal del Consejo Rector de la Escuela Judicial y formador iberoamericano de Ética Judicial en el Instituto Iberoamericano de Altos Estudios Judiciales. Es director y autor de cursos virtuales del Consejo General del Poder Judicial y miembro de varios grupos de trabajo enfocados en la justicia digital, la innovación y la robótica aplicada al Derecho.

Autor de múltiples publicaciones, incluyendo libros y artículos que abordan temáticas de robótica, inteligencia artificial y su relación con el Derecho como «Normas de Derecho Civil y Robótica» (Thomson Reuters – Aranzadi, 2018) y «La Robotización como Causa Técnica de Despido Objetivo» (Thomson Reuters – Aranzadi, 2020), así como artículos en revistas especializadas, entre ellos «La tercera existencia» (Legal Today, 2018) y «Inteligencia Artificial y revisión fáctica en la Jurisdicción Social: Integrando GPT-4 en la resolución de los recursos de suplicación» (Diario La Ley, Wolters Kluwer, 2023). Se destaca su desarrollo de software especializado para la automatización de procedimientos judiciales. Reconocido por su labor con el Premio a la Calidad de la Justicia en 2020 por la integración de tecnología en el órgano judicial, continúa su compromiso con la evolución y adaptación de la administración de justicia a los nuevos paradigmas tecnológicos.